La Junta de Gobierno en funciones del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas manifiesta, en relación a la sentencia 000051/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que anula el Decreto 188/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 2018, su más enérgica repulsa por las consecuencias que esta resolución supone en los más de mil colegiados afectados, entre enfermeras y matronas.
Con este varapalo judicial, consecuencia de una gestión negligente nos sentimos abatidos por el agravio, la repercusión y desprecio a la profesión y a nuestro colectivo enfermero, el cual ha invertido muchísimo esfuerzo, horas de estudio, de sacrificio personal, familiar y económico por superar una prueba con el propósito de lograr la tan ansiada estabilidad laboral, sin contar la frustración ante las expectativas generadas una vez logrado el objetivo.
Una situación catastrófica que ha provocado que, a lo largo de la semana pasada, numerosos colegiados afectados hayan sido atendidos por el servicio jurídico de este Colegio para informarse sobre posibles vías de actuación, pero la respuesta pasa por la acción conjunta entre la Administración Pública y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, que son, a fin de cuentas en los que recae las competencias y la obligación de resolver este caos sin parangón.
Hoy, nuestra presidenta en funciones Tensy Calero ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, D. Blas Gabriel Trujillo para tratar este asunto.